IÑAKI URDANGARIN

    En nuestra joven democracia la corrupción ha campado a sus anchas y ha alcanzado a todos los niveles de la política y la economía. Así, hemos tenido un Presidente del Gobierno bajo sospecha: Felipe González por el turbio tema de los GAL. Su cúpula del Ministerio del Interior pisó la cárcel: Barrionuevo y Vera por el mismo asunto de terrorismo de Estado y nuestro –digo nuestro porque es aragonés- Luis Roldán por “despistar” un par de miles de millones de pesetas de nada (un día de debilidad lo tiene cualquiera).

    Tampoco han escapado a los banquillos algunos Presidentes de Comunidad Autónoma, como Jaume Matas, que fue ministro con Aznar y máximo mandatario en Baleares. Hay ministros que todavía no han  comparecido ante los tribunales pero todo apunta a que tendrán que hacerlo. Me refiero a Pepiño Blanco , a día de hoy responsable interino de la golosa –por el presupuesto que maneja- cartera de Fomento.

    Las altas finanzas no han sido ajenas a este fenómeno. Mario Conde –es el caso más significativo- vio como Banesto, el banco que presidía, era intervenido un 28 de diciembre –cuando lo escuché en la radio creí que se trataba de la inocentada propia de la fecha-, desposeído de su cargo, posteriormente procesado y, finalmente, condenado a pasar una temporada de “descanso” en prisión.

    Claro que su sucesor, Alfredo Sáez, el hombre al que colocó Emilio Botín al frente de la entidad cuando el Estado subastó Banesto y lo adquirió el Santander, tampoco corrió mejor suerte y llegó a ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de denuncia falsa a varios empresarios. Hace unos días, El Boletín Oficial del Estado publicaba el vergonzante indulto a este banquero, pues aunque no había riesgo de entrar en prisión, la condena le inhabilitaba para continuar en ese goloso puesto que le reporta uno de los diez sueldos de ejecutivo más altos de Europa.

    Y, permítaseme la frivolidad, hasta la seguridad privada, plagada de honrados trabajadores que exponen día a día su integridad  custodiando dinero ajeno, tuvo su minuto de gloria protagonizado por “El Dioni”. El bizco más famoso de la historia robó un furgón cargado con varios miles de millones de pesetas, se fue a Brasil a vivir a cuerpo de Rey y -¡olé sus cojones!- se gastó antes de ser detenido una buena parte del botín.

    Después de esta larguísima introducción me pregunto: ¿qué pata todavía faltaba para rizar el rizo a este asqueroso banco de la corrupción? La respuesta es sencilla: un miembro de la Monarquía.

    La Casa Real –nunca me he explicado el por qué- ha gozado en los medios informativos de un extraño privilegio: nadie se ha preguntado nunca por su patrimonio, por sus negocios. Sólo lo han hecho –con nulo éxito- algún parlamentario de Izquierda Unida e Iñaki Anasagasti, del PNV, que hasta ha llegado a hacer “bolos” en radios y televisiones acusando al Rey de vago.

    Y esta opacidad de la economía de la Casa Real ha sido posible pese a que hace algunos años alguien que siempre fue considerado como su hombre de confianza, su mano derecha económica, Ramón Prado y Colón de Carvajal, también se vio obligado a dar cuentas a la Justicia.

    Pero esa pata del banco de la corrupción se ha empeñado en asumirla y colocarla Iñaki Urdangarín. Sí, el marido de la Infanta Cristina, segunda de las hijas del Rey Juan Carlos, que en sus años mozos fue deportista de élite y formó parte del mejor Barça y de la mejor selección española de balonmano de la historia.

    Iñaki, retirado ya del deporte, fue preparado y postulado para un digno cargo representativo que hubiera colmado las esperanzas y ambiciones de cualquier ciudadano: presidente del Comité Olímpico Español. Honor que rechazó por un nimio detalle: era incompatible con sus actividades como ambicioso empresario del sector de instalaciones deportivas.

    El periódico “El Mundo” –de derechas de toda la vida y nada sospechoso de antimonárquico- le ha puesto bajo sospecha y ha desvelado que una de sus empresas podría haber cobrado varios millones de euros por unas actividades de promoción turística y deportiva de las Baleares que nunca se llegaron a realizar. Jaume Matas, presidente de la comunidad insular en el momento al que se remontan los hechos, podría haber colaborado mediante la redacción de actas de unas reuniones que jamás tuvieron lugar. Súmense unas facturas falsas y…¡ya está el lío armado¡

    La casa Real, que siempre se ha caracterizado por su discreción y por no entrar a desmentir rumores, sorprendentemente ha dicho en esta ocasión que Iñaki Urdangarín es un ciudadano más -¿lo dudaba alguien? Y que la Corona se desvinculaba de su posible defensa llegado el caso. ¡Pues faltaría más!

    Reconozco que el personaje no me cae nada simpático. Ya en vísperas de su boda tuvo que pagar algunas deudas –el Impuesto de Actividades Económicas de un restaurante- al Ayuntamiento de Barcelona para evitar la deshonra de ver publicada su morosidad en el correspondiente Boletín Oficial. Pero es que me produce auténtico asco y verdadera nausea  que una persona a la que la vida le ha dado todo sin mayor mérito previo, lejos de agradecer a la sociedad y devolverle algo de lo mucho que ha recibido, se intente aprovechar del dinero de todos prevaliéndose –ojo, habrá que demostrarlo- de su posición de privilegio mediante la ejecución de turbios negocios.

    Al marido de la Infanta Cristina –sí, esa que se puso a régimen y perdió peso porque quería ser infanta y no elefanta- me temo que le han “pillao” con el carrito del “helao”.

    Si todo lo que está publicando “El Mundo” llega a demostrarse en los tribunales será la mejor ocasión para hacer bueno el aserto de que todos somos iguales ante la ley o, por el contrario, desengañarse y llegar a la conclusión de que es tan solo una frase rimbombante y bienintencionada porque la realidad  es que unos son más “iguales” –ya me entienden- que otros.

    Majestad: ¡cuántos disgustos dan los hijos! Y en su caso, además, los yernos.