INEFICACIA TOTAL

    Cuando las emisoras de radio o las tertulias televisivas abren sus micrófonos para que el oyente o espectador opine libremente, dos son los temas que más se repiten. Por un lado, la ineficacia de la Administración Pública; de otro, la corrupción de la clase política, su escasa cualificación y el dudoso manejo de nuestros impuestos.

    Las Administraciones Públicas son una maquinaria pesada que, pese al progreso tecnológico, no acaba de satisfacer al ciudadano cuando éste debe cumplir obligaciones tan elementales como renovar el DNI, el permiso de conducir o el pasaporte, que muchas veces acaban convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

    Por poner el ejemplo sencillo de la renovación del DNI, mi experiencia personal hasta ahora es haber acudido siempre a la comisaría correspondiente, haber guardado una mínima espera y haber resuelto el trámite sin mayor problema. Ahora no; en la actualidad es necesario solicitar cita previa y la espera nunca es inferior a los treinta días.

    Con el permiso de conducir sucede algo parecido. En todas mis renovaciones me he presentado en la Jefatura de Tráfico y he salido a los pocos minutos con mi nuevo carné de conducir en la mano. Desde hace unos meses lo tramitan los centros de reconocimiento médico –con el lógico incremento de costo- y recibes tu nuevo permiso de conducir al filo de los noventa días.

    El ciudadano, cuando tiene que cumplimentar obligaciones tan elementales como las antes citadas, siente que las Administraciones, pese a sus muchos recursos humanos y económicos , no logran satisfacerle con un mínimo de eficacia y comodidad. Los medios a disposición del Estado, gracias al esfuerzo fiscal del contribuyente, se multiplican, pero la calidad del servicio las más de las veces va en franco retroceso.

 

    ¿Y qué decir de la corrupción, de la dudosa gestión del dinero del ciudadano? Cuando un españolito de a pie se retrasa un sólo día en el cumplimiento de una obligación hay sanción, intereses de demora y recibe requisitorias amenazantes de dudoso gusto. Cuando son los gobernantes los que despilfarran nuestro dinero y los Tribunales de Cuentas –órganos fiscalizadores de la contabilidad pública- los que encuentran irregularidades, a los responsables públicos les parece de lo más normal e inevitable que, habida cuenta el volumen del dinero y documentación manejados, se haya deslizado algún “error”.

    Adjudicaciones de contratos públicos a dedo, coste final de obras que en nada se parecen al presupuesto asignado inicialmente o subvenciones que por su destino provocan hilaridad son algunas de las “pifias” más habituales en el sector público. El ciudadano, por el contrario, siempre tiene encima la espada de Damocles de la sanción si se desvía mínimamente del cumplimiento de sus obligaciones.

    Evidentemente, no es justo y es, sin duda, la gran asignatura pendiente de nuestra democracia: que el ciudadano sienta que el Estado está a su servicio y no lo contrario. Que en la actualidad, lamentablemente, es lo que sucede.