LA REFORMA DE LAS PENSIONES

    Un sistema público de pensiones es la máxima expresión del estado de bienestar y de la solidaridad entre los ciudadanos. El español, con ligeros retoques, procede en sus líneas maestras de la época franquista y, según todos los expertos, ha funcionado razonablemente bien hasta ahora.

    Pero las premisas en las que se basa han cambiado notablemente y es preciso acometer sin más dilación su reforma. Y ya tiene fecha: será en el Consejo de Ministros del 28 de enero próximo. Allí se aprobará el proyecto de ley que el gobierno remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria.

    Dos van a ser las modificaciones básicas que se van a introducir: se va a elevar la edad de jubilación hasta los 67 años (ahora está en 65) y se va a ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, pasando de los actuales 15 años a un mínimo de 20, si bien algunas informaciones apuntan que podría llegarse a los 25. Las consecuencias de la reforma serán también dos: cobraremos menos tiempo y la pensión percibida será de menos cuantía.

    Hay que señalar que el sistema español es de reparto, no de capitalización individual. Es decir, con las cotizaciones de los que trabajan se paga a los pensionistas. Por eso decía al principio que es la máxima expresión de la solidaridad.

    Varios son los motivos que obligan a modificar el sistema actual de nuestras pensiones. En primer lugar, trabajamos y cotizamos menos tiempo, ya que la ampliación de la enseñanza obligatoria y el mayor número de españoles que acceden a estudios universitarios ha retardado la incorporación al mercado de trabajo.

    Otra causa importante es el descenso de la natalidad. Esto ha hecho que el cociente entre activos y pasivos sea cada vez menor. Disminuye el número de trabajadores y aumenta el de pensionistas.

    Finalmente, y quizá como factor más importante, la esperanza de vida se ha incrementado notablemente (en España está ya muy próxima a los 80 años), con lo que el tiempo de permanencia como pensionista se ha alargado. Somos una sociedad “envejecida”.

    Es, nadie lo duda, una reforma necesaria que debió hacerse antes y con el acuerdo de todos. Lamentablemente, ningún Gobierno se atrevió a hacerlo por su impopularidad. Ahora, por el contrario, se va a hacer de un modo precipitado, poco estudiado, sin acuerdo social y con la amenaza de una nueva huelga general.

    Con esta reforma se pretende también poner coto a las prejubilaciones, que han supuesto en los últimos años una verdadera sangría para las arcas públicas. Y en este tema conviene recordar que han sido las empresas con participación estatal (RTVE, RENFE y una largo etcétera) las que, desde hace 20 años y con gobiernos de todo signo y color, vienen mandando a los trabajadores a su casa con apenas 52 años de edad y un coste económico francamente inasumible. Pues bien, estos “escándalos, lejos de terminar como se pretende, me temo que van a continuar. Se anuncia una masiva prejubilación en las Cajas de Ahorro, requisito indispensable para que estas entidades, que se han convertido en juguetes de los políticos autonómicos, puedan recibir sustanciosas ayudas públicas.

    ¿Y luego quién va a entender que a los demás nos pidan que trabajemos más tiempo y nuestra pensión sea menor? Yo no consigo comprenderlo.